Economista sobre supuestas reformas del régimen: "Hay pocos motivos para recibirlas con optimismo"

La decisión del dictador cubano Miguel Díaz-Canel de crear un grupo asesor integrado por economistas oficialistas y expertos que durante años han defendido reformas desde espacios académicos y medios independientes, ha generado alarmas sobre un nuevo intento de La Habana de mantenerse en el poder. Sin embargo, para el economista Carlos Martínez, autor del newsletter Cubanomics, existen escasas razones para asumir que los anuncios derivarán en cambios profundos o sostenibles.

Entre los especialistas convocados destacan Omar Everleny Pérez Villanueva, Juan Triana Cordoví y Julio Carranza Valdés, economistas que durante años han abogado por una mayor apertura económica, más espacio para el sector privado y una reducción de las trabas estatales. Completan el grupo el exministro de Economía José Luis Rodríguez García y el presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores (ANEC), José Carlos del Toro Ríos.

En declaraciones exclusivas a ADN Cuba, Martínez afirmó que, aunque el anuncio tomó por sorpresa a muchos observadores, incluido él mismo, la falta de detalles concretos impide evaluar seriamente el alcance de las medidas.

"A pesar de que el anuncio de estas reformas de cuasi-mercado tomó por sorpresa a varios, incluyéndome a mí, creo que hay pocos motivos para recibirlas con optimismo", sostuvo.

Anuncios generales y pocas certezas

Según Martínez, hasta ahora el régimen solo ha adelantado líneas generales sobre posibles cambios relacionados con una mayor autonomía para municipios y empresas estatales, modificaciones en el mercado cambiario, más espacio para las mipymes, inversiones de la diáspora, flexibilización del comercio exterior y nuevas medidas para incentivar la producción agrícola.

Sin embargo, considera que todavía se desconoce lo más importante.

"Todo eso suena importante, pero todavía no se conoce lo esencial. Falta saber cómo se va a implementar, qué reglas concretas se van a aprobar, qué garantías existirán y hasta dónde el Estado está dispuesto a ceder control real", señaló.

A su juicio, incluso la forma en que fueron presentados los anuncios refleja improvisación y urgencia.

"Esto parece un intento desesperado e improvisado", afirmó. A diferencia de procesos anteriores, como la Tarea Ordenamiento, que al menos contaban con una hoja de ruta definida, Martínez cree que ahora La Habana está reaccionando bajo la presión provocada por los apagones y el deterioro general de las condiciones de vida en la Isla.

El economista recordó que muchas de las medidas anunciadas forman parte desde hace años de las recomendaciones formuladas por especialistas cubanos dentro y fuera del país.

Entre ellas mencionó la liberalización del sector agrícola, la reducción de obstáculos para adquirir insumos y la posibilidad de que los productores vendan libremente sus cosechas a precios que incentiven la producción.

"Ahora se habla de tierras ociosas, de mercados de insumos, de cuentas en divisas y de más autonomía para los productores. La pregunta obvia es por qué hubo que esperar hasta este nivel de destrucción económica para admitir algo tan básico", cuestionó.

Martínez también se mostró escéptico sobre el impacto que podrían tener los cambios anunciados para las empresas estatales.

El Gobierno ha planteado otorgarles mayor capacidad de decisión sobre salarios, utilidades, proveedores, clientes, importaciones y exportaciones, además de reducir estructuras burocráticas e incluso reorganizar ministerios.

No obstante, el economista considera que estas medidas llegan demasiado tarde y sin garantías de permanencia.

"Pongámoslo de esta forma, si algunas de estas medidas se hubieran implementado hace diez años, quizás la situación del país sería mejor. Aplicarlas ahora, con empresas descapitalizadas, sin combustible, sin insumos y sin confianza, reduce mucho su posible impacto", advirtió.

La apuesta por la diáspora que antes desecharon

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue la intención declarada por el régimen de facilitar inversiones de cubanos residentes en el exterior.

Martínez considera difícil que esa propuesta despierte confianza entre potenciales inversionistas debido al historial del Estado cubano.

"No conozco a muchos empresarios que deseen poner piel en aquel nido de avispas sabiendo el historial que tiene el régimen cubano de incumplir sus promesas, cambiar reglas, confiscar propiedades y subordinar la justicia al poder político", afirmó.

A su entender, la iniciativa parece orientada también a transmitir una señal de apertura hacia actores internacionales, incluida la Administración estadounidense.

El gran ausente: GAESA

Para Martínez, uno de los aspectos más reveladores de los anuncios es lo que no incluyen. El economista destacó que no existe ninguna referencia a GAESA, el conglomerado militar que controla amplios sectores de la economía cubana y buena parte de las principales fuentes de divisas del país.

"¿Dónde está GAESA?", preguntó. "Ese monstruo militar-empresarial controla circuitos claves de divisas, turismo, comercio, infraestructura y buena parte de los sectores más rentables de la economía".

A su juicio, cualquier intento serio de apertura económica debería comenzar por desmontar los monopolios y privilegios que sostienen a ese entramado empresarial.

Problemas estructurales sin resolver

Martínez considera además que las reformas anunciadas evitan abordar algunos de los principales problemas estructurales de la economía cubana. Entre ellos mencionó la ausencia de instituciones monetarias creíbles, la crisis cambiaria, los déficits fiscales persistentes y la pérdida de valor de la moneda nacional.

"Cuba carece de dispositivos de banca central convencionales y creíbles para hacer frente a la inflación. El mercado cambiario sigue roto", señaló.

Según explicó, mientras estos problemas permanezcan sin solución, medidas como una mayor autonomía empresarial o nuevos incentivos a la inversión tendrán efectos limitados.

Aunque reconoce que los anuncios podrían interpretarse como un reconocimiento implícito del fracaso de políticas anteriores, Martínez insiste en que el verdadero criterio para evaluar cualquier reforma será su implementación y sus resultados.

"Si vamos a evaluar estas reformas, habrá que hacerlo por sus consecuencias y no por sus intenciones", afirmó.

El economista recordó que durante décadas el régimen ha anunciado procesos de rectificación, actualización y aperturas parciales en momentos de crisis, para posteriormente revertir muchos de esos cambios cuando recupera margen de maniobra.

"Por ahora, esto parece una apertura tardía, incompleta y condicionada", concluyó. "No creo que haya mucho que puedan hacer para mejorar significativamente la vida del cubano mientras mantengan intacto el monopolio político y económico que produjo la crisis".

El embargo y las trabas internas

Martínez también cuestionó la narrativa oficial que atribuye la crisis económica cubana fundamentalmente al embargo estadounidense.

Según explicó, las investigaciones académicas más recientes sugieren que las sanciones tienen un impacto entre un 3 y un 8 por ciento del mal crecimiento que ha experimentado la isla, pero distan mucho de ser la causa principal de su deterioro.

A partir de esos datos, el economista concluye que el mayor peso de la responsabilidad recae sobre el propio modelo económico implantado por el régimen.

"Es decir, el embargo tiene un costo, pero no parece ser la explicación principal. La mayor parte del rezago viene explicada por las nacionalizaciones y, en general, por el sistema de planificación centralizada por el que optó el Partido Comunista de Cuba", afirmó.

Martínez considera que las principales barreras para la recuperación económica se encuentran hoy dentro del propio país, especialmente en las restricciones impuestas a la producción y a la formación de precios.

"Creo que las barreras internas a las que podemos apuntar hoy son sobre todo las restricciones a la libertad de precios y a la libertad de producción", explicó.

A su juicio, una mayor autonomía para los productores agrícolas podría contribuir significativamente a aliviar la escasez de alimentos que sufren los cubanos.

"Muchos de los bienes necesarios para la vida del cubano podrían aparecer con mayor abundancia, y probablemente a precios más razonables, si se permitiera al campesinado tener mucha más soberanía sobre sus decisiones de producción y venta", sostuvo.

Además, señaló que durante 2024 y 2025 se produjo un retroceso en las posibilidades de expansión del sector empresarial privado, lo que ha limitado aún más la capacidad productiva del país.

Para Martínez, la recuperación económica requiere transformaciones mucho más profundas que las anunciadas esta semana por el régimen.

"Eso implica mirar hacia la privatización o apertura a la competencia de sectores como la electricidad y las telecomunicaciones. También implica darle al campesino mayor libertad para decidir qué producir, cómo producirlo, a quién venderle y bajo qué condiciones. Sin esa libertad interna, cualquier reforma se queda demasiado corta", concluyó.