A contrarreloj, Díaz-Canel apuesta por economistas 'críticos' para sostener el sistema

El dictador cubano Miguel Díaz-Canel ha puesto en marcha un grupo asesor integrado por economistas oficialistas y expertos que durante años han defendido reformas desde espacios académicos y medios independientes.

La iniciativa, revelada por la agencia EFE, surge en medio de la mayor presión que Washington ha ejercido sobre la dictadura cubana en décadas y de la peor crisis económica que enfrenta la isla desde el Período Especial.

El anuncio coincide con la presentación de un nuevo paquete de medidas orientadas, al menos en el discurso oficial, a descentralizar parcialmente la economía, ampliar el espacio del sector privado y atraer inversión extranjera.

Entre los economistas convocados destacan Omar Everleny Pérez Villanueva, Juan Triana Cordoví y Julio Carranza Valdés, tres voces que desde hace años abogan por una mayor apertura económica, seguridad jurídica, autonomía para las empresas estatales, incentivos a la producción nacional y una expansión del sector privado. El grupo se completa con dos figuras del oficialismo: el exministro de Economía José Luis Rodríguez García y el presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores (ANEC), José Carlos del Toro Ríos.

Aunque algunos medios han presentado la iniciativa como un hecho inédito, otros analistas y organizaciones de derechos humanos la interpretan como un nuevo intento del régimen de impulsar cambios limitados que le permitan mantenerse en el poder en medio de una profunda crisis, sin abordar la cuestión de fondo: el desmantelamiento del sistema de partido único, una condición que amplios sectores de la oposición y diversas organizaciones consideran indispensable para una transición democrática en la isla.

Para algunos observadores, la creación de este equipo refleja el reconocimiento implícito del fracaso de las políticas económicas aplicadas hasta ahora. Para otros, constituye un intento de aliviar la presión social y enviar señales de apertura a la comunidad internacional sin modificar las estructuras políticas que, según sus críticos, son precisamente la causa principal de la crisis.

El debate, sostienen estos analistas, ya no se centra en qué reformas económicas necesita Cuba, sino en la inviabilidad de un modelo cuyo agotamiento consideran irreversible.

La incorporación de economistas parcialmente críticos refleja, para varios analistas, más la gravedad de la crisis política que la económica. Muchas de las propuestas que hoy vuelven a ponerse sobre la mesa existen desde hace décadas y, durante años, el régimen optó por ignorarlas o aplicarlas de forma limitada y reversible.

La verdadera incógnita es si el régimen cubano cree que una nueva ronda de ajustes económicos acotados será suficiente para aliviar la presión internacional y convencer a Washington de flexibilizar su política hacia la isla sin exigir cambios políticos de fondo.

La experiencia reciente sugiere lo contrario.

Durante el deshielo impulsado por la administración de Barack Obama, La Habana tuvo acceso a las condiciones más favorables para una apertura económica en más de medio siglo. Estados Unidos restableció relaciones diplomáticas, amplió las licencias de viaje, flexibilizó las remesas y retiró a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. La administración de Joe Biden también alivió algunas restricciones.

Pese a ello, el Gobierno cubano evitó adoptar reformas que redujeran el control del Partido Comunista y del conglomerado militar GAESA sobre los sectores estratégicos de la economía. Las aperturas impulsadas en distintos momentos —desde el trabajo por cuenta propia hasta las micro, pequeñas y medianas empresas— han estado sujetas a ciclos recurrentes de expansión y restricción.

Cada vez que surgen actores económicos independientes con capacidad de acumular recursos o influencia, el Estado interviene para limitar su crecimiento.

Para el Dr. Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), la raíz del problema no es económica, sino política.

“Este no es más que un esfuerzo del régimen por comprar tiempo y mantenerse ilegítimamente en el poder”, afirmó.

A su juicio, la principal distorsión de la economía cubana es la propia naturaleza del sistema. “Si no cambias al régimen no puedes cambiar a la economía, sobre todo en un país con las características de Cuba, que requiere un mayor nivel de inclusión nacional para poder aunar energías de desarrollo”, agregó.

Incluso si La Habana implementara parte de las reformas propuestas, Cuba enfrenta un problema más profundo: la falta de confianza.

Las experiencias exitosas de transición económica, desde Vietnam hasta los países de Europa del Este, no se basaron únicamente en la liberalización de los mercados. También requirieron garantías jurídicas, reglas claras, protección de la propiedad privada, instituciones confiables y señales creíbles de que las reformas serían irreversibles.

Cuba carece de esas condiciones.

La ausencia de tribunales independientes, la discrecionalidad regulatoria, el peso de las empresas militares en la economía y el historial de expropiaciones continúan siendo factores de alto riesgo para los inversionistas.

A ello se suma la incertidumbre derivada del Título III de la Ley Helms-Burton, que permite demandas en tribunales estadounidenses contra empresas que operen sobre propiedades confiscadas por la revolución cubana.

Ni siquiera Venezuela, pese a contar con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y haber recibido alivios parciales de sanciones junto con períodos de acercamiento diplomático, ha logrado atraer un flujo sostenido y diversificado de inversión extranjera.

La razón va más allá de las sanciones. Los inversionistas priorizan la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y la previsibilidad de las reglas del juego. Mientras persistan la discrecionalidad regulatoria, la falta de independencia judicial, el historial de expropiaciones y la incertidumbre política, las oportunidades económicas por sí solas no bastan para generar confianza.

Cuba enfrenta obstáculos similares, agravados por el peso de las empresas militares en la economía y la ausencia de reformas políticas que garanticen la irreversibilidad de cualquier apertura económica.

Aunque Washington tiene margen para flexibilizar determinadas sanciones y adoptar medidas que alivien la presión económica sobre la dictadura cubana, el levantamiento definitivo del embargo no depende exclusivamente de la voluntad del presidente de Estados Unidos.

Desde la aprobación de la Ley Helms-Burton en 1996, gran parte del embargo quedó codificada en la legislación estadounidense, limitando la capacidad de cualquier administración para desmontarlo de forma unilateral.

La ley condiciona su levantamiento a avances verificables hacia una transición democrática, incluyendo la liberación de los presos políticos, la legalización de la actividad política independiente, la celebración de elecciones libres y el respeto a las libertades fundamentales. También exige avances concretos en la resolución de las reclamaciones por las propiedades confiscadas tras la revolución de 1959, ya sea mediante su restitución o el pago de una compensación justa a sus legítimos propietarios.

Mientras estos requisitos no se cumplan, las reformas económicas, por profundas que sean, difícilmente bastarán para restablecer la confianza de los mercados internacionales o abrir el camino hacia una normalización plena de las relaciones con Estados Unidos.

La magnitud del deterioro económico ayuda a explicar por qué muchos analistas consideran insuficientes las reformas parciales propuestas por La Habana.

Para el periodista e investigador cubano José Raúl Gallego, quien ha estudiado durante años los patrones de respuesta del régimen frente a las crisis, la estrategia actual responde a una lógica recurrente: introducir cambios limitados que proyecten una imagen de apertura sin alterar las estructuras de poder.

“El régimen cubano está haciendo lo que siempre ha hecho ante las crisis y que lamentablemente le ha salido bien: ganar tiempo”, señaló.

Según Gallego, ninguna de las medidas anunciadas hasta ahora representa una ruptura con las políticas del pasado, incluidas las excarcelaciones limitadas de presos políticos, los indultos a presos comunes o los cambios económicos que, en su opinión, “no afectan en nada la estructura del control totalitario”.

A su juicio, la apuesta de la cúpula es proyectar una imagen de cambio para retrasar o desactivar acciones externas que puedan amenazar su permanencia en el poder.

“Su apuesta es dar ideas de cambios para con ello retrasar o eliminar acciones que realmente puedan eliminarlos del poder, mientras ganan tiempo y esperan a que cambien las condiciones actuales o aparezca un nuevo salvavidas en el entorno internacional”, afirmó.

Gallego resume esa lógica en una frase: “Es mentalidad de guerrilla: sobrevivir un día tras otro. Mientras estén en el poder, es un día ganado para ellos”.

La Habana busca contener el deterioro interno, reducir el descontento social y enviar señales de flexibilidad a actores internacionales sin alterar las estructuras de poder que sostienen al régimen.

Yaxys Cires, director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), dijo a ADN Cuba que en el mundo de las finanzas, la confianza es el pilar fundamental y el régimen no la tiene.

"Íntimamente ligada a la confianza está la seguridad jurídica. Los empresarios e inversores necesitan reglas del juego claras, libertad para la movilidad de sus capitales y, sobre todo, tribunales independientes. A nadie en su sano juicio se le ocurriría buscar justicia imparcial en un tribunal cubano, supeditado por completo a las directrices del partido único. La única vía real para superar esta grave crisis es iniciar una transición política hacia la democracia y hacia una economía de mercado, donde la ley proteja al ciudadano y al inversor, y no a unos pocos", añadió Cires.

La crisis actual es innegable. La producción agrícola e industrial se ha desplomado, la generación eléctrica atraviesa un colapso persistente, la inflación erosiona los ingresos de la población y la emigración masiva continúa vaciando al país de capital humano.

Pero la experiencia de las últimas décadas demuestra que la supervivencia del sistema sigue siendo la prioridad.

El debate en Washington sobre Cuba, sin embargo, ya no gira en torno a qué reformas necesita la economía de la isla. Según fuentes consultadas por ADN Cuba, la discusión se ha desplazado hacia las posibles vías que podría adoptar la administración de Donald Trump para facilitar la estabilización y reconstrucción del país en un escenario de transición posdictatorial.